Francia amonesta a 25.000 usuarios al día por descargas

Cada día 25.000 usuarios franceses reciben un aviso sobre el uso de las redes P2P, prohibidas desde la promulgación de la Ley Hadopi, según Billboard.biz. Se trata de una estimación, pero da idea de la situación en uno de los países con la legislación más estricta en lo referente a Internet. Está por ver si – como esperan las entidades con intereses en el negocio – la venta digital de música y películas se verá incrementada.

Tres avisos son los que contempla la ley Hadopi de Francia antes de cortar la conexión al usuario, por un periodo que puede variar entre dos meses y un año. Actualmente se dan 25.000 avisos al día. Lo que significa que el equivalente a la población de una ciudad pequeña está empezando a ser considerada como un núcleo de piratas.

Es sólo una estimación, ya que no hay forma de conocer cuántos mensajes de alerta manda Hadopi, la agencia encargada de esta tarea. Sin embargo, la cifra sirve como indicador de varias cosas. Las personas que se descargan contenido a través de redes P2P son muchas. Además, si se suman un día tras otro y el gobierno pretende practicar cortes de conexión a todos los implicados, Francia reduciría aceleradamente el número de sus usuarios conectados.

Acta y la UE contra la Neutralidad de la Red

Francia es uno de los países con una posición más dura respecto a Internet. La Ley Hadopi es de momento la representación legal de esta postura, pero podría no ser la única. Un informe filtrado al que tuvo acceso ReadWriteWeb hacía hincapié en la ambición de acabar con las descargas sin análisis del contenido de los datos compartidos, llevándose por delante el derecho a la navegación de los usuarios, es decir, la neutralidad de la red. La censura de algunos contenidos, amparándose en conceptos como el rechazo a la apología del odio o la lucha contra la pornografía infantil, que es el objetivo de la Ley Hadopi, podría ir más allá y consolidar un Internet a dos velocidades.

La experiencia en Francia puede servir como un ensayo general para llevar este modelo a otros estados. La Unión Europea y el ACTA siguen de cerca la evolución de las cosas en el país galo. Prueba de ello es que la compañía que lleva la monitorización del proceso presentó sus resultados a el organismo europeo.